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1.      LA EVALUACION: UTIL PARA LA DEMOCRACIA Y PARA TOMAR DECISIONES.

1.            INTRODUCCION

En el contexto académico y de investigación hispano se considera que las políticas públicas son planes, programas, proyectos o el desarrollo de unas actuaciones que devienen de las decisiones tomadas por el Estado, al objeto de establecer unas pautas para el desarrollo de las etapas de la política.  Esta se ejecuta cuando las instituciones se implican en la satisfacción de las necesidades sociales con el planteamiento de transformar lo que se considera problemático. (Dye,1992; Aguilar, 1992; Vargas 2001; Roth, 2002; Salazar, “2008; Dunn, 2015 como se cita en Vergara, 2018).

En el mundo anglosajón el término política pública se reduce solamente al sustantivo “política”, siendo producto de a) el juego político, sus debates, acuerdos y desacuerdos; b) la institucionalidad sus leyes y la arquitectura institucional; c) el resultado que se pretende obtener con la suma de a) y b). Las políticas públicas, en consecuencia, serian el resultado añadido de los dos primeros conceptos en relación con la estructura y el proceso, dando lugar al engranaje circular que pretende la descripción de los procesos aplicados por las instituciones en la administración pública (Fisher,2003; Hajer, 2003 como se cita en Vergara, 2018)

La evaluación de las políticas públicas en cuanto a teoría y análisis, se soportan sobre los principios esenciales del Estado de Bienestar Social y en el modelo matemático del utilitarismo económico. De ahí que la investigación en cuanto a la evaluación de políticas públicas ha de estar dotada de la correspondiente rigurosidad científica en relación con los métodos (cuantitativos y cualitativos) al objeto de determinar los resultados del programa público en la sociedad. (Howlett et al., 1995; Roth, 2007; Bemelmans et al., 2001 como se cita en Vergara, 2018)

2.            LA EVALUACIÓN EN EL CONTROL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

La evaluación se realiza con dos objetivos primordiales:  aprender de la experiencia (mediante la extracción de lecciones que puedan ser objeto de aplicación en la mejora del diseño y la implementación de políticas públicas), y para dar cuenta a la ciudadanía, a los que han aportado recursos y al parlamento.  El primer objetivo se lleva a cabo mediante evaluaciones formativas (tiene como objetivo el aprendizaje), el segundo objetivo se alcanza mediante las evaluaciones sumativas (crean un juicio de valor de lo evaluado). (Feinstein, 2007)

Según el momento en que se ejecuta la evaluación, se diferencian dos tipos:  ex ante (proceso de diseño de políticas públicas que consiste en una opinión relevante de la intervención y la predicción de los resultados) y la evaluación ex post (se realizan después de la implementación y antes de la conclusión, tienen carácter intermedio, proporcionan juicios para tomar decisiones sobre la continuación de una política pública). (Feinstein, 2007)

Para Cristian Stoffaës, (1993), como se cita en Rivera, (2002) la evaluación es una herramienta que ha de ser diferenciada de los controles de regularidad y que no debe ser interpretada como el control de la gestión, ha de apoyarse en la ética meticulosa definida porque su frecuencia y continuidad no son idénticas, los responsables de la evaluación no deben ser perpetuos y ha de darse prioridad a la externalización de los profesionales que la llevan a cabo. Delors (Ibid:ix) como se cita en Rivera (2002);  por su parte opina que la relevancia del rol económico de la administración, con constantes cambios necesarios y  recursos limitados, requiere de una consideración  exacta y precisa  del impacto real de actuaciones llevadas a cabo.

Las políticas públicas son valiosos indicadores de la forma de gobierno de una sociedad, revelan el reconocimiento que tienen los poderes públicos por los distintos sectores de población, revelando los efectos de la participación de estos en la vida política.  La evaluación de estas supone el control administrativo de los recursos, proporcionan información a los actores sociales y genera las herramientas que se necesitan para la continuidad del proceso de transformación del gobierno en dirección hacia una gestión eficaz, dirigida a la consecución de los objetivos de las políticas.  El uso de distintos tipos de evaluación conlleva un proceso en el que dan valor y proporcionan los instrumentos que se precisan para rentabilizar la toma de decisiones en la dirección a la mejora y eficacia de la gestión. (Solís et al., 2009)

3.            LA EVALUACIÓN UTIL PARA LA TOMA RACIONAL DE DECISIONES.

Legendre citado por Tremblay y Fontan (1994) en Rivera (2002), da su definición sobre la evaluación, considerándola  el juicio cualitativo y cuantitativo, sobre el valor de un objeto, un individuo, un proceso, una organización, puesto en relación con las características que se pueden apreciar mediante la observación de las normas que rigen en el momento, mediante criterios concretos,  al objeto de proporcionar información útil para la toma de decisiones  en cuanto a  la consecución de una meta u objetivo. Su perspectiva pudiera resultar vaga y referida a las racionalidades instrumentales. Combina la ética, la acción pública y la intervención orientada a la superación de barreras. A pesar de ello resulta de poca utilidad en la actualidad pues no toma en consideración el dinamismo de la actuación pública y la dificultad ética que conlleva la toma de decisiones y la puesta en marcha de proyectos. Es interesante hacer constar que la evaluación no puede ser considerada únicamente como control de la actuación pública, considerando Tremblay y Fontan (apoyados en la teoría de Viiveret), dado que ambos opinan que el control tiene como base la conformidad de que se evalúa en relación con ciertas reglas y normas.

El contexto de la evaluación muestra las variables externas e internas que alcanzan un nivel de comprensión de las actuaciones colectivas que implican toma de decisiones o propuestas de desarrollo. (Rivera, 2002)

El nexo existente en la evaluación y la toma de decisiones precisa de un análisis de las estructuras que se dedican al seguimiento y evaluación de la administración pública, sus fundamentos teóricos, políticos y metodológicos que se hayan en la evaluación, así como la influencia en el concepto y abordaje de los problemas del municipio, nación, región o país.  (Neirotti, 2020)

En la evaluación encontramos una tensión entre la perspectiva de fiscalización, control, y resultados con especial hincapié en el complimiento de objetivos concretos y el comportamiento de las variables acorde a las previsiones, por un lado. Por otro, surge un nuevo modelo de evaluación que la entiende como un proceso mediante el que se puede dotar de fuerza a la deliberación pública, al vínculo entre la técnica, la política y el conocimiento del nivel y modos de materialización de derechos partiendo de la implementación de políticas públicas. La evaluación es similar a la investigación académica ya que es una producción sistemática de conocimientos y además emite juicios de valor estando orientada hacia la toma de decisiones. (Neirotti, 2020).

 

4.            CONTRAS y PROS DE LA EVALUACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

a)            Contras:

·         La evaluación de políticas públicas conlleva un importante gasto.

·         Requiere de grandes equipos multidisciplinares.

·         Para llevar a cabo una pequeña aproximación de la política ex post son necesarios datos e información con una anterioridad mínima de diez años. (Vergara, 2018)

·         Importante costo político (Angulo, 2016).

·         Afecta, en ocasiones profundamente, a la vida de un número importante de personas, y no solo aquellas que son objeto de intervención (Angulo, 2016).

·         Existencia de una red de intereses que rodea al desarrollo del programa (Angulo, 2016).

b)           Pros:

·         Cuando en un caso, hay un cambio estimado o estimado de forma positiva por una política pública en la sociedad, ello indica que el programa es eficaz, que tiene un impacto positivo en el bienestar social (Vergara, 2018).

·         Se crea evidencia y claridad sobre las acciones del Estado en sus políticas públicas en el entorno social (Vergara, 2018).

·         Surge el impacto de políticas que dotan a los programas o proyectos de valor público (More, 1997; Kelly et al., 2000; Vergara y Rodríguez, 2016 como se cita en Vergara 2018).

·         Existe la idea ampliamente aceptada en la comunidad científica y política de que la evaluación debe acreditar sin lugar a ambigüedades la eficacia del programa en acción, ya que es la única forma de dar fundamento racional a las decisiones en política. (Angulo, 2016)

5.            LA EVALUACIÓN GARANTIA DE DEMOCRACIA.

Un programa social persigue unos fines, motivo por el que se pone en marcha. Estos objetivos responden a la cobertura de unas necesidades y expectativas de la población, lo que origina la implantación y/o demanda de programas. Además, la evaluación conlleva el análisis del binomio programa-necesidad social, al objeto de medir la intensidad de los logros conseguida, y en consecuencia la cobertura de necesidades que se ha llevado a cabo. Con la aplicación de la metodología, se pueden mostrar hechos cercanos a la exactitud sobre la realidad en relación con el logro de los objetivos. Esta cuestión adquiere suma importancia no solo para continuidad de las políticas planteadas, sino también para su selección entre otras alternativas con distintas políticas sociales.  Los datos precisos y la neutralidad de la que están dotados aportan seguridad ante la toma de decisiones que tendrán una importante repercusión política y unas inevitables consecuencias sociales (Angulo, 2016).

                En América latina la implantación de la evaluación en las Administraciones públicas ha tenido un importante impulso, considerando la evaluación una función de mejora de la gestión pública que añade solidez a la democracia. Esta práctica precisa de la participación política, gubernamental y académica al objeto de crear la cultura de la evaluación pública, percibiéndose la misma como parte del diseño y gestión de políticas públicas al servicio del ciudadano.  Esto supone la voluntad e interés político en el marco democrático, la creación de normas, financiación y capacidad formativa y de investigación en el campo concreto de su disciplina por cuestión de materia académica.

El estudio llevado a cabo por (Brisson & Molina, 2019) “Cuestiones de la evaluación de políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia” concluye que existen las bases necesarias para la posibilidad de constitución de un sistema integrado y con enfoque de derechos; a pesar de ello la armonía y articulación de las condiciones es un desafío complicado, pero no por ello resulta innecesario para el fortalecimiento de la democracia.

La evaluación íntegra de un proceso, como fase indispensable que acata el deber de transparencia y de calidad de la democracia por parte de la administración pública, a lo que se añade el valor propio que le corresponde dentro de los ciclos de las políticas que pretenden la mejora de la calidad y el impacto que tendrán las mismas.

Por su parte Vargas, (2011) realiza una evaluación sobre la influencia de la participación social en lo que se refiere a políticas públicas cuyo objetivo es utilizar datos empíricos para llevar a cabo una evaluación de la participación social. En ella concluye, entre otras cosas, que la participación puede contribuir al fortalecimiento de la democracia

6.            CONCLUSIONES.

La evaluación de las políticas públicas va alcanzando importancia en su implementación, a pesar de los diferentes costes que supone, dado que esta dota de transparencia y rigurosidad a las mismas, plantea la participación dentro del proceso, y se fundamenta en el conocimiento científico.

Ello añade al sistema democrático el valor de la objetividad, el interés por aplicar recursos que resulten efectivos y mejorar aquellos que lo necesiten, a la vez que contribuye al esclarecimiento de las prioridades para los gobiernos que han de tomar decisiones.

7.            BIBLIOGRAFIA

Angulo, J. F. (2016). Evaluación de programas sociales: de la eficacia a la democracia. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 286(1), 193–297.

Brisson, M. E., & Molina, M. G. (2019). Cuestiones de la evaluación de políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia. 1–19. https://www.aacademica.org.

Feinstein, O. (2007). Evaluación pragmática de políticas públicas. Información Comercial Española, Revista de Economía ICE, 836, 19–31. http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_836_19-31__0B24D3C2A65D74BACC7ADCC22F6A471E.pdf

Neirotti, N. (2020). Evaluación y Toma de decisiones (Ediciones de la UNLa, Ed.; Primera ed).

Rivera, R. (2002). El contexto de la evaluación de proyectos sociales en el marco de una democracia deliberativa. Revista de Ciencias Sociales, III, núm.., 17–30.

Solís, P., Rojas, O., & Duartes, P. (2009). Investigación monográfica. la evaluación de políticas públicas. Contribuciones a Las Ciencias Sociales., January 2019, 1–15.

Vargas, S. (2011). Evaluando la participación social: democracia y políticas públicas. Revista Mexicana de Sociología, 73. núm., 1, 105–137. https://www.redalyc.org/pdf/321/32118437004.pdf

Vergara, R. (2018). Reflexiones en torno a la relevancia temática de la evaluación de políticas públicas. Opinión Jurídica, 17(34), 191–209.